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Ilícitos de protección de datos: la captura de datos de niños en las clínicas de Chile

El asunto es simple, lo he visto en la Clínica Santa María y en la Clínica Las Condes, y no tengo razones para creer que no se repite en otras instituciones que utilizan el sistema i-Med de verificación de identidad: se hace enrolar a niños mayores de 6 años en el sistema (“ponga el dedito aquí”) y automáticamente con ello celebran un contrato por el cual una empresa se apropia ilícitamente de los datos personales de nuestros hijos.

Lo explico con más detalle:

Como el lector sabe, desde hace algún tiempo los centros de salud ya no venden “bonos de atención de salud” de la forma tradicional, sino que las ISAPRE de un día para otro decidieron que bastaba poner el dedo en un lector de huellas dactilares y pagar el precio, sin necesidad de acreditar identidad de otra forma. Leer más

Sobre cómo borrar antecedentes penales

A raíz de ciertos misterios tan tragicómicos como vergonzosos de la política nacional, voy a explicarles algo que creí que todos sabíamos, pero por lo que leo y escucho pareciera que no: en Chile se pueden borrar los antecedentes penales referentes a cualquier delito e indultar las penas accesorias de quienes hayan cumplido la condena principal, no importando la atrocidad o naturaleza de los crímenes.

¿Robó usted el pan a los indigentes, lengüeteó a menores de edad, metió las manos en la caja fuerte del Hogar de Cristo, transformó en arte la solicitación de coimas, asesinó a ancianas con cuerdas de guitarra y abrió en canal a los mendigos de la calle?. No se preocupe, no se desespere, que nuestra legislación lo tiene todo previsto y le franqueará en un periquete el paso para oficiar misas, dirigir Ministerios, adoctrinar jóvenes o dictar leyes, si sabe cómo hacerlo. Leer más

¿Cómo defender (sin abogado) un nombre de dominio ante una gran empresa?

Esta semana he conocido dos casos de malas prácticas en contra de personas jurídicamente desprotegidas que me lleva a plantearles un asunto simple y de común ocurrencia: un particular común y corriente inscribe un nombre dominio de Internet para alguna actividad de su interés, como hipotéticamente sería lindocristal.cl, y de pronto se entera que a una gran empresa (la CCU, por ejemplo, que tiene una cerveza llamada Cristal) le ha bajado un súbito amor por ese mismo dominio y para obtenerlo actúa representada por algún imponente estudio de abogados.

Y ahí tenemos a nuestro “protagonista” que solo ha pedido un nombre de dominio y que de repente ve como parece que se le viene un juicio encima, con abogados de ceño adusto, lenguaje incomprensible y parafernalia jurídica variopinta. Más encima algunos de estos últimos tienen prácticas reñidas con la ética: no es poco usual que viertan amenazas de cárcel invocando delitos contra la propiedad industrial y el derecho marcario y que en realidad son patrañas para atemorizar, con todo éxito, a las personas ¡e incluso a sindicatos y asociaciones!.

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¡Todos contra la gorda!

Hace algunas semanas atrás se desató una fuerte polémica pública cuyo punto de partida fue una campaña muy personal que llevaba adelante un malentretenido joven que, a través de diversos servicios de Internet (twitter, blog, flickr y demás parafernalia digital), se burlaba de la gente obesa haciendo particular escarnio de nuestras gordas.

A los pocos días y a través de una entrevista radial escuché a la Ministra Carolina Schmidt, Directora del Servicio Nacional de la Mujer, diciendo que esta conducta a su entender era un delito por lo que había consultado al estudio jurídico de Pepito Pérez, abogado favorito del Gobierno y que este, especialista en discriminación por ser judío (no dijo exactamente eso, pero si una animalada casi idéntica), sostenía que «había posibilidades».

Evidentemente las «posibilidades» estaban referidas a arrastrar al sujeto a un juicio criminal, multarlo o idealmente llevarlo a la cárcel. Leer más

¿Para qué sirve un examen nacional para abogados?

Desde hace varios años las Escuelas de Derecho, la Corte Suprema y el Colegio de Abogados están enfrascados en discutir sobre el establecimiento de un examen nacional único para quienes deseen ejercer la profesión de abogado.

Pretenden con este planteamiento alcanzar cierta uniformidad, tanto en el nivel de conocimientos mínimos como en la calidad de los servicios que puedan ofertar quienes aspiran a representar los derechos e intereses de los demás, cuando la verdad es que el problema crítico es completamente diferente y ajeno a esta discusión.

La cuestión central es que al titularse los abogados reciben una especie de licencia habilitante (o “patente de corso”, si lo vemos con humor negro) que les autoriza para abordar indiscriminadamente cualquier problema, ya sea de familia y herencia, casos criminales, responsabilidad médica, luchas por derechos de aguas, tributos, conflictos en internet, etcétera, sin exigírseles contar con los conocimientos y destrezas profesionales necesarias que cada área requiere.
Y esto es lo que verdaderamente produce la crisis del sistema jurídico que se manifiesta, entre otras expresiones, en la insatisfacción de la ciudadanía por el aumento de los casos de impunidad y error judicial, en la agudización del deterioro de la imagen pública del Poder Judicial y de los abogados, así como insistentes quejas por la mala formación de los profesionales del Derecho. Leer más