Desde hace varios años las Escuelas de Derecho, la Corte Suprema y el Colegio de Abogados están enfrascados en discutir sobre el establecimiento de un examen nacional único para quienes deseen ejercer la profesión de abogado.
Pretenden con este planteamiento alcanzar cierta uniformidad, tanto en el nivel de conocimientos mínimos como en la calidad de los servicios que puedan ofertar quienes aspiran a representar los derechos e intereses de los demás, cuando la verdad es que el problema crítico es completamente diferente y ajeno a esta discusión.
La cuestión central es que al titularse los abogados reciben una especie de licencia habilitante (o “patente de corso”, si lo vemos con humor negro) que les autoriza para abordar indiscriminadamente cualquier problema, ya sea de familia y herencia, casos criminales, responsabilidad médica, luchas por derechos de aguas, tributos, conflictos en internet, etcétera, sin exigírseles contar con los conocimientos y destrezas profesionales necesarias que cada área requiere.
Y esto es lo que verdaderamente produce la crisis del sistema jurídico que se manifiesta, entre otras expresiones, en la insatisfacción de la ciudadanía por el aumento de los casos de impunidad y error judicial, en la agudización del deterioro de la imagen pública del Poder Judicial y de los abogados, así como insistentes quejas por la mala formación de los profesionales del Derecho. Leer más
