Con gran desconcierto me he enterado que la empresa VTR (mi proveedor de acceso a Internet), secundada y aplaudida por el Ministerio del Interior de Chile, se ha constituido en censor de pornografía infantil en Internet respecto de sus usuarios, bloqueando el acceso a los sitios que supuestamente tienen contenidos de esa naturaleza, y que han sido calificados como tales por una organización privada extranjera.
Se señala en diarios que VTR es el primer ISP en América Latina en implementar este sistema, y ello es lógico: los demás proveedores de acceso pueden tener bastante más claro que las censuras son atentatorias a los derechos de información y a la libertad de la expresión y que, por ende, escapan con largueza a sus atribuciones.
Sólo a los tribunales de justicia les corresponde calificar la ilicitud de contenidos, conociendo de casos concretos y en virtud de norma expresa, y dictar las medidas que sean procedentes para su supresión, por lo que la autoridad administrativa no puede, y menos aun los particulares como la empresa VTR, arrogarse las atribuciones judiciales de restringir los derechos y libertades constitucionales y legales de las personas.
Los que visitan páginas con contenidos ilícitos son personalmente responsables por ello; VTR no puede constituirse en garante de lo que ven o visitan sus usuarios, pues cuando las leyes quieren darle a alguien esa posición lo dicen expresa e inequívocamente, y este NO ES el caso, por lo que la decisión de este ISP contraría los derechos fundamentales de las personas.
No es difícil imaginar lo que puede venir: en nombre de la seguridad los proveedores de acceso a Internet impedirán el acceso a sitios sobre pueblos originarios, tan livianamente calificados como terroristas por la autoridad pública, o a los estudiantes secundarios por sediciosos, o a manifestantes por vulnerar el orden, etc.
No digo que VTR y el Ministerio del Interior en este caso no sean bien intencionados, pero de buenas intenciones, dice el saber popular, está empedrado el infierno. Y también las libertades públicas en Chile.
– Fuentes consultadas el 3 de octubre de 2008: – La Tercera – La Segunda – El Mercurio