El Consejo para la Transparencia ha comunicado al Servicio Electoral (SERVEL) que en aras de la transparencia no puede seguir vendiendo datos personales, sino que debe entregarlos gratuitamente a quién se los solicite.
Recordemos que, como se ha denunciado hasta la saciedad, el Servicio Electoral durante años ha desarrollado una actividad económica no autorizada por ley, consistente en la venta de los datos que los chilenos les hemos entregado para el sólo efecto de ejercer el derecho a sufragio, que incluye información sobre domicilios, números únicos de identificación, discapacidades, etc.
Mención especial merecen los datos sobre profesión u oficio, que permiten inferir, entre otras cosas, el rango de remuneraciones de las personas y tendencias de consumo, cuestión de gran importancia para instituciones comerciales y financieras, aunque al final del día la verdad es que este tipo de información no sirve para extender o restringir el derecho de sufragio.
Y qué decir de los ya señalados datos sobre discapacidades, esto es, datos sensibles que la ley ordena proteger especialmente dada su potencialidad para ser, por sí mismos, foco directo de discriminaciones odiosas y arbitrarias.
Pues bien, a raíz de una reclamación, el Consejo para la Transparencia no encontró nada mejor que interpretar que toda la información contenida en el padrón electoral es pública, haciendo tabla rasa de las normas constitucionales sobre protección de la vida privada y la Ley N° 19.628 de protección de datos, y haciendo oídos sordos al hecho que la ley orgánica del SERVEL señala únicamente que los libros (esos de papel) llamados Registros Electorales son públicos y que, en consecuencia, las bases de datos que el Servicio Electoral construya con los datos personales contenidos en dichos Registros no tienen tal carácter.
Es decir, el Consejo para la Transparencia no sólo no se ha opuesto a las actividades del Servicio Electoral, sino que las ha validado, abriendo de par en par las puertas de la entrega de bases de datos personales en poder del Estado a quien los solicite, sin entrar a considerar los principios básicos y los estándares internacionales de protección de derechos que el país se ha comprometido a cumplir.
Tenga siempre presente el lector que la indiscriminada circulación de datos genera daños terribles (y muchas veces irreparables) a las personas: son despedidas de sus trabajos, le son negadas prestaciones de salud, nadie les arrienda un lugar dónde vivir, se cierran las puertas del acceso a la educación, se encarecen hasta el imposible los seguros, se restringe la libertad de expresión y opinión, y muchos pierden la libertad porque “alguien” sabe o cree “saber algo” de otros, tomando decisiones alejadas del escrutinio público que afectan a la gente en su día a día y que, incluso, son determinantes para la continuidad de su vida, pero que nunca tendrán oportunidad de corregir, bloquear e eliminar, pues hasta el acceso a las fuentes de los datos les es vedado.
Pero, lo realmente insólito y peligroso en esta historia es que el Consejo para la Transparencia aspira también en constituirse en la autoridad de protección de datos de Chile, transformándose en un imparable ente bicéfalo que ya está atentando contra los derechos de las personas.
Sustentan su posición enarbolando que existe algo llamado “modelo inglés” que opera de ese modo, guardándose muy bien de informar que es el sistema más cuestionado de Europa, que las quejas y reclamos se acumulan ante los tribunales, que ha sido condenado muchas veces por la Corte Europea de Derechos Humanos y que hasta sus autoridades declaran públicamente que no es un modelo sostenible.
Pero, hay algo más grave aún: el poder político en Chile puede que esté dispuesto a permitirle al Consejo para la Transparencia jugar este rol.
Publicada originalmente el 9 de junio de 2010 en El Mostrador.