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¿Puede el Consejo para la Transparencia pedir la entrega de datos a los organismos públicos “encargados de tratamiento”?

Carlos Reusser Deja un comentario

El problema es real, aunque cambiaré los nombres de las instituciones para hacerlo más fácil de explicar. Supongamos que el Hospital San Juan de Dios entrega a la Universidad de Santiago una masa de datos desordenados —números de cédula de identidad, patentes de ambulancias y equipamiento médico— para que los depure y organice. La USACH empieza a cumplir ese encargo. Entonces aparece un ciudadano y, en nombre de la Ley de Transparencia, exige que la Universidad le entregue esos datos, porque fueron procesados con recursos públicos. La Universidad se niega, pero el Consejo de la Transparencia da lugar al inicio de un procedimiento de amparo en favor del ciudadano. Ahí comienza el problema.

Hay una distinción elemental en protección de datos que, pese a parecer técnica, tiene enormes consecuencias prácticas: no es lo mismo tener acceso a unos datos que tener derecho a decidir qué hacer con ellos, situación particularmente interesante cuando algunos de ellos son de carácter personal.

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La reforma procesal civil llega demasiado tarde: ya no es útil

Carlos Reusser 1 comentario

A estas alturas, más que la sospecha, tengo la convicción que la reforma procesal civil chilena demoró tanto en avanzar que las buenas razones que justificaron su diseño han sido ampliamente superadas por el desarrollo tecnológico.

No estoy diciendo que de tanto esperar nuestro actual procedimiento civil ya esté bien. Está pésimo. Tampoco estoy diciendo que no haya que reformarlo: hay que hacerlo. Digo algo distinto: la reforma que Chile necesita ya no es la que llevamos 20 años gestionando.

Como sabrán, nuestro Código de Procedimiento Civil es de 1902 y fue concebido para solucionar las crisis del siglo XVIII; y desde al menos 2005, Chile viene trabajando en proyectos destinados a sustituirlo. La orientación ha sido siempre la misma: procedimientos predominantemente orales, públicos, concentrados y dirigidos por un juez en contacto directo con las partes y con la prueba.

Una magnífica idea… para el año 2005. Leer más

La ciberseguridad perdió la paciencia

Carlos Reusser Deja un comentario

Durante años hemos tendido a pensar la ciberseguridad mediante el símil de una fortaleza: construir murallas, cerrar puertas, vigilar los accesos y, de vez en cuando, comprobar que nadie haya dejado una contraseña escrita en un post-it amarillo pegado al monitor.

Los abogados también formamos parte de ese entramado defensivo. Nuestra contribución consiste en elaborar proyectos de ley, participar en la preparación y revisión de reglamentos, redactar protocolos de actuación —conforme a lo que alcanzamos a comprender de los riesgos técnicos involucrados—, diseñar cláusulas de responsabilidad y revisar contratos.

Pero se cometió un grave error de diseño: todos suponíamos que, para levantar esa fortaleza, había un margen de tiempo. Es decir, si se detectaba un problema, había tiempo para investigar, informar, desarrollar un parche e instalarlo. Buena parte de la arquitectura tradicional de la ciberseguridad se ha construido sobre la idea de que, con sus más y con sus menos, siempre íbamos a disponer de esa ventana temporal. Leer más

Ulises y el derecho a la seguridad personal en la Constitución

Carlos Reusser Deja un comentario

Hay una escena, en el Canto XII de la Odisea, que puede servirnos: Ulises, sabiendo que las sirenas cantarán para él, no confía en su propia voluntad futura. Ordena a sus marineros que lo aten al mástil y que se tapen los oídos con cera, y les da una instrucción precisa: por más que grite, por más que suplique que lo suelten, no deben hacerlo. Ulises de hoy no confía en el Ulises que será dentro de una hora, cuando el canto lo tenga enloquecido. Por eso se ata mientras todavía puede pensar con claridad.

Las Constituciones hacen, en el fondo, lo mismo. Son la forma en que una sociedad, en momentos de relativa calma, se ata a sí misma para no naufragar cuando lleguen los cantos de sirena del miedo y de la urgencia. Y esto viene a cuento porque, el pasado 5 de agosto, el país escuchó en cadena nacional el anuncio de una reforma constitucional destinada a consagrar «sin ambigüedad» que proteger la seguridad de las personas es un deber del Estado.

No me interesa aquí la discusión política —de eso ya se ocupan, y con ganas, otras gentes—, sino una pregunta más modesta y, creo, más interesante: ¿es cierto que ese deber no está en la Constitución? Y si no lo está del todo y hay consenso en incorporarlo, ¿qué clase de cuerda deberíamos usar para atarnos y vencer a las sirenas?

Vayamos por partes, porque el mundo no es en blanco y negro. Leer más

¿Y si el Estado de Chile se apagara?

Carlos Reusser Deja un comentario

Desde hace muchas décadas, el funcionamiento del Estado dependía de la existencia de carreteras, puentes, centrales eléctricas, líneas de comunicaciones y centros de abastecimiento. Hoy todo lo anterior depende, además, de algo mucho menos visible: cables submarinos, centros de datos, servicios en la nube, sistemas de identidad digital y plataformas que gestionan todo lo anterior, además de la relación con los ciudadanos.

Es decir, la infraestructura digital se ha convertido en el sistema nervioso del Estado. Y, como ocurre con el sistema nervioso humano, normalmente solo recordamos que existe cuando deja de funcionar.

Imaginemos una situación sencilla. Un ciudadano intenta obtener un certificado de nacimiento. No puede. Luego descubre que tampoco funcionan los sistemas de pago, que los hospitales vuelven a gestionarse manualmente, que las municipalidades no pueden acceder a los datos de sus vecinos y que los organismos públicos están paralizados. No se trata de ciencia ficción, pues ya ocurrió, por ejemplo, en la Estonia de 2007, en que bastó una interrupción prolongada de algunos servicios digitales críticos para que buena parte del Estado dejara de operar. Leer más

¿Y si la ciberseguridad es, en realidad, una garantía procesal?

Carlos Reusser Deja un comentario

Por Carlos Reusser Monsálvez
Esta columna fue publicada originalmente en estadodiario.com,
el 17/07/2026.

 

Pensemos por un momento en cómo se acredita hoy un hecho ante un tribunal. Los fundamentos del despido que se discute en sede laboral suele constar en correos electrónicos; el incumplimiento contractual, en mensajes de WhatsApp; el accidente de tránsito, en la cámara del vehículo y de la Municipalidad; la estafa, en transferencias electrónicas y registros de conexión.

Esto quiere decir que la vida cotidiana ya no deja sus huellas principalmente en el papel ni en la memoria de los testigos: las deja, cada vez más, en datos digitales.

DE LA PRUEBA DIGITAL (O ELECTRÓNICA) A LA PRUEBA DE DATOS

Durante los últimos veinte años, los abogados aprendieron a hablar de prueba o evidencia electrónica. La expresión parece moderna, aunque muchas veces esconde una aproximación conservadora: tomar el correo, el mensaje o la fotografía digital y tratarlos como si fueran documentos en papel.

La experiencia española ofrece una ilustración particularmente útil de las limitaciones de ese enfoque. Allí, el legislador intentó resolver el problema mediante listados de medios de prueba admisibles que pronto quedaron superados por el avance tecnológico. Fue finalmente el Tribunal Supremo español el que, en la sentencia 300/2015 sobre conversaciones de WhatsApp, recordó algo fundamental: estos contenidos pueden ser alterados, la suplantación de identidad y la edición de mensajes son fenómenos reales y, por ello, quien presenta una conversación impugnada debe acreditar técnicamente su autenticidad.

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