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De la calle a lo digital: por qué la seguridad pública (tecnológica) debe estar en la Constitución

La Fundación Encuentros del Futuro pidió a un grupo de expertos imaginar iniciativas de muy diverso tipo en materia de seguridad pública, pensando en el Chile del año 2050. Motivado por esa invitación, elaboré cuatro propuestas, y aquí les presento la primera: incorporar en la Constitución la seguridad pública como un derecho fundamental de los chilenos, estableciendo la obligación estatal de garantizar entornos seguros apoyados en sistemas tecnológicos.

Durante décadas hemos discutido —por muy buenas razones— sobre derechos fundamentales: educación, salud, vivienda, libertad de expresión. Pero, frente a los avances tecnocientíficos, resulta evidente que hay un derecho que ya no puede seguir ausente: el derecho a la seguridad pública. Leer más

¿Y si la Contraloría estuviera acusando a funcionarios públicos con pruebas ilícitas?

El 5 de agosto de 2025 la Contraloría General de la República envió a los jefes de servicio de todo el país unas listas muy peculiares: los nombres de los funcionarios públicos que habrían asistido a casinos de juego mientras estaban con licencia médica. La instrucción es clara: iniciar de inmediato “los procedimientos administrativos de rigor, destinados a determinar y hacer efectivas las eventuales responsabilidades comprometidas en estos hechos”.

Hasta ahí, todo parece una forma de combate a la corrupción administrativa, pero surge una pregunta obvia: ¿por qué la Contraloría tiene un listado de quienes visitan los casinos? ¿Y de dónde lo sacó?

La respuesta viene en el mismo oficio: esos registros fueron facilitados por la Superintendencia de Casinos de Juego. Y ahí fue cuando me cayó la teja: parece ser que estamos ante prueba ilícita, es decir, información obtenida vulnerando derechos fundamentales. Leer más

La Contraloría General de la República y el control de asistencia biométrico: una fórmula cara e ilegal

El 22 de julio de 2025, la Contraloría General de la República emitió el Oficio N° E123145, ordenando a los servicios públicos modernizar sus sistemas de control de asistencia. Entre las opciones propuestas se incluyen tarjetas electrónicas, aplicaciones móviles y sistemas biométricos, como huellas digitales o reconocimiento facial.

Pues bien, al menos en lo que respecta a la biometría, mi consejo es claro: no siga esa instrucción, pues va a perjudicarle. Hacerlo no solo expone al servicio a pérdidas económicas, sino que pone en serio riesgo el cargo de su jefe superior. Veamos por qué. Leer más

Sísifo y la transformación digital: la maldición de empujar el Estado cuesta arriba

Hay un mito griego que parece escrito para nosotros: el de Sísifo, condenado por los dioses a empujar una pesada piedra montaña arriba sólo para verla caer cuesta abajo una y otra vez. Y si uno observa la historia de la transformación digital del Estado en Chile, no cuesta imaginar a un grupo de personas empujando una política pública digital hasta la cumbre… únicamente para verla rodar cuesta abajo tras el cambio de Gobierno.

Desde hace más de dos décadas, Chile no sólo ha hablado de digitalización del Estado con pasión, sino que también ha creado plataformas, servicios en línea, estrategias, comités, Divisiones, Secretarías, reglamentos y hasta leyes, como la Ley 21.180 de Transformación Digital del Estado.

Pero, como en el castigo del rey griego, cada administración que llega decide no sólo despeñar la piedra, sino que rediseñar la montaña y cambiar al equipo que sabía por dónde se subía. Y la roca digital vuelve al valle. Leer más

Ataque a la neutralidad tecnológica: la nueva ley sobre datos biométricos de pasajeros

El 2 de mayo de 2025 despertamos con una noticia singular: se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.734, que autoriza el uso de tecnologías de autenticación biométrica para la correcta identificación de pasajeros en el transporte aéreo, modificando la ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) en esta materia.

Hasta aquí todo bien, salvo por un pequeño detalle: eso ya estaba permitido.

Sí, como lo lees.

La ley siempre autorizó a la PDI a “adoptar todas las medidas conducentes para asegurar la correcta identificación de las personas que salen e ingresan al país, la validez y autenticidad de sus documentos de viaje y la libre voluntad de las personas de ingresar o salir de él” (Art. 5º, DL 2460 de 1979). Leer más

A propósito de princesas: límites de la videovigilancia en centros comerciales

Ha ocurrido un hecho singular: la princesa de Asturias visitó el centro comercial Zona Franca en Punta Arenas y la administración del establecimiento, tal como ha reconocido públicamente, la grabó en video y no tuvo idea más feliz que entregar dichas imágenes a los medios de comunicación social (“Las imágenes que han circulado fueron entregadas a los medios de comunicación previa solicitud a Zona Franca de Punta Arenas con fines periodísticos”, según el comunicado del establecimiento que publica Hola!).

Entonces, de acuerdo a lo que informa el diario El País, la Casa Real española pidió a la embajada en Chile denunciar la infracción de la normativa de protección de datos personales por parte del centro comercial.

Desde un punto de vista jurídico, lo que ha ocurrido es fácil de explicar, aun cuando el comportamiento del establecimiento comercial sea inexplicable:

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